Cumplir con la ley 254 que legisla sobre transparencia fiscal internacional y prevención de blanqueo de capitales, entre otros, parece una tarea titánica e imposible para las firmas de abogados.
La ley fue promulgada en noviembre de 2021 con el fin de ayudar al país a salir de las listas grises. No de la lista del Grupo de Acción Financiera (Gafi), en la que hay avances sustanciales para deslistar a Panamá el próximo semestre. Tampoco de la lista de la Unión Europea que incluyó a Panamá basado en la acción del Gafi. La ley 254 es consecuencia del compromiso que adquirió el país ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) que emite el Reporte Estándar Común, un requisito de recopilación de información y presentación de informes para las instituciones financieras en los países participantes que busca combatir la evasión fiscal y proteger la integridad de los sistemas tributarios.
“Al final no se pudo responder a Francia, pero aún es una petición activa. Algunas sociedades están disueltas o suspendidas, piensan que todavía pueden conseguir”, zanjó el economista.
Este medio espera una consulta efectuada al MEF sobre la regulación de la ley 254.
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