El Canal de Panamá deberá pagar $35 millones por costes laborales de la ampliación

El tribunal de arbitraje ha decidido de forma unánime que el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) tiene derecho a recibir 35 millones de dólares adicionales por reclamaciones laborales, además de lo que ya le había sido otorgado por la resolución del Dispute Adjudication Board (DAB) o Junta de Resolución de Disputas. El tribunal de arbitraje, con sede en Miami (EE.UU.), reconoció a GUPC el derecho a recibir esta suma adicional de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) por los costos laborales relacionados con el proyecto de ampliación del canal.

Sacyr, la constructora española, posee el 41.6 % de dicho consorcio, lo que significa que le corresponderían 14.56 millones de dólares. Según informó la compañía hoy, el tribunal de arbitraje ICC emitió un fallo en relación con el arbitraje sobre "Compuertas y costos laborales".

GUPC presentó la demanda debido a la disputa con la ACP por los sobrecostos del proyecto de construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá. El consorcio GUPC, compuesto por Sacyr, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA, se adjudicó en 2009 el contrato para el diseño y construcción de las nuevas esclusas del canal por un valor de 3,118 millones de dólares, pero el costo final resultó ser más alto.

GUPC completó la ampliación del canal en 2016 y durante tres años estuvo a cargo de su mantenimiento.

En febrero de 2022, el consorcio recibió el "Performance Certificate" de la ACP y se devolvieron todas las garantías otorgadas por GUPC hasta ese momento, según explicó Sacyr.