En palabras recientes, el presidente de la República ha afirmado que la resolución de la crisis del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) debe ser fruto de un acuerdo entre empleadores y trabajadores. Estas declaraciones sugieren que quienes nos gobiernan parecen mantener una actitud pasiva y poco comprometida.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada, una vez más, destaca la urgente necesidad de reanudar las conversaciones y abordar el problema antes de que la falta de acción tenga consecuencias irreversibles.
La decisión de no actuar resulta extremadamente desfavorable, ya que el problema continuará creciendo y no solo afectará a la Caja de Seguro Social, sino que también pondrá en peligro la economía del país en su conjunto.
La suspensión del proceso de diálogo, que comenzó oficialmente el 8 de febrero de 2021, tuvo como objetivo esperar un informe independiente de la Organización Internacional del Trabajo sobre la realidad del programa. Dicho informe se presentó en septiembre de 2022, por lo tanto, resulta inexplicable la demora en reactivar las conversaciones.
Es posible y necesario actualizar la mesa de diálogo de manera que nadie tenga objeciones válidas sobre su estructura.
Hemos enfatizado la importancia de que el diálogo se base en argumentos y no en imposiciones.
El CoNEP ha presentado un plan de acción para resolver esta grave crisis y ha convocado a reuniones con el sector de los trabajadores con el objetivo de encontrar soluciones que beneficien tanto a la Caja de Seguro Social como a sus asegurados, y obviamente, al país en su conjunto.
Ignorar la situación no es una opción válida. En una democracia, los problemas se enfrentan y se resuelven.
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