Panamá ha inaugurado la nueva sede de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) para combatir el lavado de activos, la corrupción, el terrorismo y el narcotráfico, como parte de su lucha contra el crimen organizado.
El Ministerio de Seguridad Pública de Panamá, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, ha logrado construir la infraestructura utilizando fondos obtenidos del acuerdo de cooperación internacional bilateral Spedd Joyeros, con un costo total de US$767,227. Este modelo de cooperación entre Estados Unidos y Panamá tiene como objetivo principal combatir el narcotráfico.
El Ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Manuel Pino, ha anunciado que el país está trabajando en la aplicación de leyes para combatir el lavado de dinero y el terrorismo, con el fin de fortalecer su sistema económico y financiero, fomentar la inversión extranjera y consolidar su posición como centro financiero.
La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) encargada de combatir el lavado de activos, la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo, llevará a cabo investigaciones bajo la supervisión del Ministerio Público, el cual se encargará de garantizar el debido proceso en cumplimiento con las leyes vigentes, con la ayuda de fiscales de circuito, fiscales adjuntos y asistentes operativos. Además, la FTC colaborará con organismos policiales de otros países en la lucha contra el lavado de activos y el crimen transnacional, ofreciendo asistencia a través de solicitudes recibidas.
En 2013, como reconocimiento a la cooperación de Panamá con Estados Unidos en el enjuiciamiento de Speed Joyeros, SA, el Departamento de Justicia acordó transferir al Gobierno de Panamá el 70% de los activos decomisados (unos $36 millones) como fondos compartidos para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y la confiscación de activos en el país.
La ceremonia de inauguración de la nueva sede de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) contó con la presencia del Presidente de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, el Ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, el Procurador General de la Nación, Javier Caraballo, el director de la Policía Nacional, John Dorheim y la embajadora de Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte.
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