En cuanto a la transparencia y la publicación de datos gubernamentales sensibles, en Panamá no se ha podido revisar oportunamente el estado financiero de la Caja de Seguro Social y en la falta de transparencia en el caso de la minera canadiense que opera en el país.
En este sentido, el gobierno panameño ha centrado sus esfuerzos en reconocer y regular el derecho ciudadano al acceso a la información, mediante el cual las personas pueden solicitar información a las entidades del Estado, quienes están obligadas a proporcionarla, siempre y cuando no sea información restringida o confidencial según lo establecido en las leyes correspondientes. Es importante mencionar que la Ley de Datos Personales se está utilizando lamentablemente para ocultar información pública relevante para que la ciudadanía pueda evaluar el uso adecuado de los recursos públicos, pero este tema será tratado en otro artículo.
En los últimos años, ha habido una creciente necesidad de fortalecer la publicación de datos gubernamentales y que estos estén disponibles en las páginas web de las instituciones del gobierno, con un repositorio organizado para facilitar su uso. La Ley de Transparencia establece que la publicación de esta información es obligatoria porque es considerada de interés público. La norma también establece 24 indicadores que deben ser publicados por todas las entidades del Estado en los artículos 9, 10, 11, 26 y 27, los cuales cubren temas administrativos como contratación de funcionarios, planillas, gastos de representación y estructura presupuestaria, entre otros.
Sin embargo, en cuanto a temas de inversión pública, existe una falta de transparencia. La Ley de Transparencia establece que la información que manejan los funcionarios del Estado es pública y pertenece a toda la comunidad, y que el Estado debe garantizar una organización interna para sistematizar la información y brindar acceso a los ciudadanos a través de diversos medios de comunicación social e internet, según el principio de publicidad establecido en la ley.
En la actualidad se ha enfatizado la importancia de que las instituciones del Estado publiquen información relevante y útil en sus páginas web de forma permanente, sin necesidad de que los ciudadanos la soliciten y aunque no sea obligatoria su publicación según la normativa. Esto fomenta una cultura de transparencia gubernamental y permite el control social de la acción gubernamental. En un gobierno abierto y confiable, la información sensible del Estado debería ser publicada proactivamente para minimizar la necesidad de que los ciudadanos soliciten información.
La apertura de datos públicos promueve la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en los asuntos públicos, lo que contribuye al establecimiento de una relación de confianza entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. La Unión Europea y la OCDE consideran los datos abiertos como una herramienta para el crecimiento, la innovación y la buena gobernanza. Según la CEPAL, un Estado transparente fomenta la rendición de cuentas y la vigilancia por parte de la sociedad, lo que promueve una mayor corresponsabilidad en el desarrollo.
Los datos abiertos ofrecen nuevas oportunidades económicas para diferentes actores sociales como ciudadanos, organizaciones y la academia. Esta mayor transparencia e información estimula el crecimiento económico y fomenta la innovación, lo que a su vez crea empleos y nuevas formas de prosperidad.
Por otro lado, una política pública de apertura de datos abre nuevas posibilidades para resolver problemas históricos de gestión pública, como la poca participación ciudadana en la formulación y evaluación de políticas públicas. Empoderan a la ciudadanía al permitir una toma de decisiones más informada y nuevas formas de movilización social, lo que les permite exigir cambios en la administración del Estado y una mayor participación en los asuntos públicos.
En el caso de Panamá, el Estado tiene una gran deuda social en cuanto a transparencia y publicación de datos gubernamentales sensibles, como la falta de revisión oportuna del estado financiero de la Caja de Seguro Social, la opacidad en el caso de la minera canadiense establecida en el territorio nacional y la falta de publicación de datos abiertos que permitan la fiscalización ciudadana del presupuesto nacional, entre otros temas.
La ciudadanía consciente debe prestar atención a estos temas y asegurarse de que se incluyan en el debate nacional de las próximas elecciones. Además, se debe exigir que el próximo gobierno se comprometa a aumentar los niveles de transparencia y publicación de datos gubernamentales para establecer una nueva forma de gobernanza pública en la era pospandemia.
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